El juez, que atenuó la condena al violador de un niño de 6 años por su presunta orientación sexual, dimitió ayer como magistrado del Tribunal de Casación Penal bonaerense.
Según precisaron desde el Rectorado, "hasta ahora ese punto no tiene un protocolo para desarrollar un mecanismo administrativo para apartar a quienes estén involucrados en esos casos".
A raíz de ello, se incluyó en el tratamiento la reglamentación del artículo 1 del Estatuto para que las personas que cometieron delitos en perjuicio de los derechos humanos no puedan desempeñarse como docentes.
"Nuestra idea es que nuestros profesionales se formen respetando los derechos humanos", dijo el presidente de la UNLP, Roberto Perdomo, quien aseguró que "la actuación del magistrado generó una preocupación muy grande en la Universidad, sobre todo en tiempos en los que tanto se ha trabajado en temas referidos a la defensa de los derechos humanos y de la niñez".
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