Según pudo comprobar Télam, una vez que la administración de Mauricio Macri decidió intervenir en el asunto y verificar la denuncia para proceder a la clausura, Iron Mountain levantó sus bienes y vació el galpón para evitarla.
"La demora del gobierno porteño fue con la intención de proteger a Iron Mountain. Días después del incendio, hubo una fiscalización en el galpón de La Boca, la cual al igual que había pasado en 2008, recomendó la clausura del mismo con urgencia", explicó esta agencia Edgardo Castro, el inspector de la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad que realizó la denuncia.
En ocasión de la fiscalización al depósito de Barracas, la actuación llevada adelante por los inspectores terminó entre miles de expedientes que fueron “extraviados” por la administración de Macri.
Esto fue reconocido, a través de una cámara oculta difundida por Télam, por el ex director general de Protección del Trabajo del gobierno porteño, Ángel Rodríguez, quien encontró más de 70.000 expedientes "tirados" de actuaciones de inspectores que proponían clausuras y sanciones para empresas y comercios de la ciudad de Buenos Aires.
En el caso del galpón de La Boca, Castro responsabilizó al subsecretario de Trabajo porteño, Ezequiel Sabor, de demorar las actuaciones.
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